Harto de la incompetencia y del abuso cometido por la E. U. de Magisterio de Zamora me gustaría denunciar públicamente los siguientes hechos:

La E.U de Magisterio convocó un curso de adaptación al Grado de Maestro en Educación Primaria dirigido a Maestros y Diplomados de EGB.
La Señora Directora de la E. U. convocó una reunión informativa para explicar los requisitos de acceso, ahora bien, ni ella misma parecía tener realmente claros los citados requisitos, ya que para la opción de experiencia profesional (es decir, la convalidación de las asignaturas) se exigía haber aprobado una oposición. A mi entender, experiencia profesional significa trabajar o haber trabajado, no significa aprobar una oposición. La Señora Directora recibió tal cantidad de reclamaciones que terminó rectificando y admitiendo que la experiencia profesional no significaba aprobar una oposición, sino trabajar.

Los otros criterios de selección exigidos fueron los de la nota media del expediente académico; los años de colaboración con la Universidad y los idiomas extranjeros. Además, para la opción de convalidación de asignaturas era necesario acreditar experiencia profesional. Estos criterios están recogidos y publicados en la página web de la E.U. de Magisterio de Zamora, que es donde se publicó la convocatoria del curso.

Una vez concluido el plazo de entrega de instancias, la E.U. de Magisterio de Zamora celebró una reunión interna en la que se decidieron y fijaron nuevos criterios para la selección al curso, criterios que por supuesto no habían sido publicados previamente y que concretaron en “años de experiencia, especialidad, carácter del contrato, tipología del centro, etc.” Y “no se habían determinado los criterios de valoración hasta esa reunión lo que impedía conocerlos a priori”. Palabras textuales de la Directora de la E.U. de Magisterio, reconociendo que se fijaron después de haber concluido el proceso de presentación de instancias.

La consecuencia de todo ello ha sido la injusta inadmisión de personas que reunían a priori los requisitos reconocidos y publicados, pero no los que posteriormente se fijaron.
Y también la injusta admisión de personas que no reunían los requisitos reconocidos y publicados, pero que si reunía los nuevos criterios fijados. Esto hace pensar que los criterios se adaptaron a las personas en función de las instancias recibidas.

Ante semejante artimaña, no puedo sino rebelarme contra la injusticia cometida, que cuenta, dicho sea de paso, con el apoyo del Sr. Rector de la Universidad de Salamanca.

Estamos desgraciadamente demasiado acostumbrados a padecer todo tipo de injusticias cometidas por las distintas Administraciones Públicas y este caso no es sino otro ejemplo: inventarse o fijar los criterios para la admisión a un curso una vez terminado el plazo de presentación de instancias conduce a la más absoluta indefensión de los ciudadanos hartos de ver como se vulneran nuestros derechos y se nos maneja como marionetas.

Si los criterios que se establecen para seleccionar a los ciudadanos en el acceso a un curso (pero bien podrían ser para acceder a una oposición, o a una vivienda, o a una ayuda) son desconocidos por los propios ciudadanos y fijados una vez que la Administración cuenta con todas las solicitudes, la sospecha de cuanto menos oscurantismo, es lógica. Y estoy siendo demasiado benevolente en mis acusaciones.

Es necesaria más claridad, más transparencia y más justicia en las decisiones que se toman, para no concluir que estamos siendo administrados por gente que se cree que puede hacer lo que quiera con los bienes y servicios públicos.